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En el marco del plan de exterminio iniciado en febrero de 1975 con el «Operativo Independencia» y ejecutado de manera sistemática en todo el país por la última dictadura cívico-militar, este pozo de agua localizado en Tucumán fue utilizado para el enterramiento de militantes políticos y sociales que habían sido secuestrados por las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El terrorismo de Estado eligió este predio para encubrir sus asesinatos y ocultar el destino de los detenidos-desaparecidos.
Según testimonios obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, la mayoría de las víctimas estuvieron previamente cautivas en los centros clandestinos de detención «La Escuelita de Famaillá», Jefatura de Policía de Tucumán y Arsenal Miguel de Azcuenaga, entre otros.
Desde 2002, el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán Camit Tucumán e integrantes del Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES, CONICET-UNT) realizan trabajos de arqueología y antropología forense que permiten el rescate de restos humanos que luego identifica el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En 2015 el lugar fue señalizado en el marco de la ley de sitios de memoria, en un acto organizado por la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, la Secretaría de Estado de Derechos Humanos provincial, y la presencia de familiares, ex detenidos y organismos de derechos humanos.
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Este proyecto audiovisual propone un recorrido por los sitios de memoria de todo el país.