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16 07 2013
Alejandro Horowicz: “La última dictadura tuvo un beneficiario muy preciso”

Alejandro Horowicz, ensayista y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, analiza la significación política y moral de las causas en las que se investiga a las corporaciones empresarias por su participación en crímenes de lesa humanidad.


Fotografía: Nicolás Savine/Gentileza Edhasa

Autor del libro "Las dictaduras argentinas. Historia de una frustración nacional", publicado por Edhasa, Horowicz reflexiona sobre los efectos políticos, morales y culturales que genera el avance de los juicios en los que se investiga la vinculación del sector empresario con el terrorismo de Estado desatado bajo la última dictadura. También explica quiénes fueron los grandes beneficiarios del plan económico implementado a partir de 1975, bajo el liderazgo de José Alfredo Martínez de Hoz, que corrió el eje de la economía argentina de la producción y el fortalecimiento del mercado interno a la valorización de los activos financieros y el pago de la deuda externa.

-¿Cómo interpreta los pedidos de la Justicia de investigar la complicidad empresaria con la represión de la última dictadura?

-En muchos casos, el vínculo no se refiere a una complicidad política general sino a la participación en la realización de actos delictivos específicos. Así que muchos van a tener problemas serios, porque la naturaleza legislativa que se impuso hace que sea muy difícil eludir ese proceso judicial. Además, son crímenes imprescriptibles. Entonces, estamos frente a un fenómeno absolutamente inédito. En ese sentido, conviene recordar, simplemente, que los Juicios de Nüremberg se hicieron según el criterio que luego siguió Raúl Alfonsín, que dictaba que la responsabilidad máxima les incurría sólo a algunos. A ésos, se los juzgó; y al resto no se los molestó nunca más. Pero también hay que comprender que la política de Adolf Hitler concluye en 1945; en cambio, la política de este bloque de clase dominante argentino no termina en 1983.

-En ese sentido, ¿qué efectos políticos, morales y culturales puede tener el avance de estas causas?

-En primer lugar, uno todavía ve que los sectores populares hacen política con muchísimo cuidado, porque quedó muy claro que no es para cualquiera y que el precio de hacer política es la amenaza de muerte. En consecuencia, la primera cuestión que la dictadura terrorista se propuso fue impedir que la política fuera una actividad general de la sociedad. Así, se convirtió en una actividad atinente sólo a profesionales dedicados a eso. Entonces, el primer efecto que genera es romper esa barrera, que ya se empezó a quebrar con el ingreso de los muy jóvenes a la política. Al mismo tiempo, supone el restablecimiento de las relaciones entre las palabras y las cosas.

-¿Cómo define ese restablecimiento?

-Cuando se rompe la estructura de punición, se quiebra la estructura de significación. Las diferencias, el debate, la polémica se vuelven imposibles, porque los aterrados no polemizan. Entre otras cosas, porque saben que cualquier diferencia que se manifieste pone en peligro su propia vida. Las diferencias abren el curso a la represión. En consecuencia, esta voluntad de punición restablece el imperio de la ley, que deja de ser una proclama hueca para ser un extremo que organiza la vida de la sociedad. Así, los pactos existentes vuelven a tener valor y, por tanto, pueden ser modificados en diversas direcciones. Al mismo tiempo, la política vuelve a ser un instrumento posible y deja de ser un camino que representa la continuación de los negocios por otros medios. La sociedad vuelve a ser política.

-¿Por qué en su último libro define al régimen iniciado en 1976 como una “dictadura burguesa terrorista unificada y contrarrevolucionaria”?

-En primer lugar, porque tradicionalmente se suele hablar de dictadura a secas, como si fuera una especie de institución romana, cuando en rigor fue una dictadura de clase, que tiene un beneficiario muy preciso y que quedó absolutamente claro cuando terminó el Proceso. En el libro “El nuevo poder económico”, Eduardo Basualdo, Miguel Khavisse y Daniel Aspiazu demuestran que, al final de la dictadura, poco más de treinta grupos económicos globalizados financieramente transan el setenta por ciento del producto bruto de la Argentina. Es decir, se trató de una etapa de altísima concentración económica.

-¿Qué aspectos emblemáticos permiten evidenciar esa concentración?

-Si uno mira ese modelo empresarial y lo compara con el de 1960, se puede observar que el fenomenal proceso de crecimiento de las PyMES -el más importante de América latina- había sido totalmente destruido. Además, ese rango de concentración no sólo es excepcional en la historia argentina, sino que tiene ramas aun más concentradas que la economía norteamericana. Entonces, se observa un proceso de concentración que se hizo con intencionalidad previa y que no es el resultado de una situación azarosa. Se produjo a partir de la valorización de activos financieros que permitieron conformar -deuda externa mediante- una especie de sociedad anónima que reemplaza el conflicto que había anteriormente entre campo y ciudad.

-¿Cómo se integra esa sociedad?

-La valorización de los activos financieros permitió transformarlos en activos líquidos y colocarlos en el mercado financiero internacional. Y esa política que ejecutó José Alfredo Martínez de Hoz convirtió al bloque de clase dominante en rentistas financieros a perpetuidad, y volvió mucho mayor la significación de los activos radicados en el exterior que los radicados en territorio argentino. En consecuencia, el eje de la economía argentina pasó de la producción y el mercado interno al pago de la deuda externa. Esa lógica que se desarrolla entre 1975 y 1983 es la lógica que tiene como resultado un nuevo ciclo económico político que recién estalló en 2001. El derecho de tener derechos se canceló. El único derecho legítimo era el de propiedad y, todos los demás, estaban sometidos a éste. Y el derecho de propiedad era, simplemente, el derecho de la burguesía a transformar en capital líquido aquello que había estado encerrado en los límites del mercado interno. Eso explica por qué es una dictadura de clase, por qué es burguesa y por qué es unificada, porque los conflictos que antes dirimían sus diferencias desaparece. Y es unificada no de cualquier forma sino bajo un método de política terrorista.

-¿Por qué fue Martínez de Hoz el encargado de poner en marcha el plan económico de la última dictadura? ¿Qué sectores económicos permitía anudar su figura?

-Martínez de Hoz sintetiza a los sectores tradicionales. Cuando uno mira los debates que se dan entre 1971 y 1975, ve que los integrantes del bloque de clases dominantes -a través de las cámaras empresarias- modifican su postura en esos años. En 1971 se planteó el Plan Gelbard, entre la Confederación General Económica (CGE) y la CGT. En ese programa, José Ber Gelbard arrastraba detrás al movimiento obrero encabezado por José Rucci y las 62 Organizaciones, sobre todo porque ellos habían quedado fuera de la cancha política ya que los sectores dinámicos del movimiento obrero -que son los que encabezan las luchas populares- no eran exactamente ellos. Al mismo tiempo, el general Alejandro Agustín Lanusse respaldó esa idea y, siendo él el caudillo azul del Ejército, se lo planteó como el nuevo plan para el conjunto de bloques de la clase dominante y el sustrato del Gran Acuerdo Nacional, con la idea de que Juan Domingo Perón también respaldara ese plan. Pero Perón les hizo un terrible corte de manga y les dijo que de ninguna manera lo iba a acompañar.

-¿Cuál fue la postura de los grupos empresarios?

-La Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina y la Acción Coordinadora de las Instituciones Empresarias Libres (Aciel), el grupo empresario encabezado por Martínez de Hoz, rechazaron airadamente el plan porque era estatista y socializante. Sin embargo, cuando Héctor Cámpora ganó las elecciones, el 11 de marzo de 1973, quedó claro que el peronismo iba a ser el pivote de esa nueva versión del Plan Pinedo. Y, en el marco de la CGE, la UIA se fusionó con la Confederación General de la Industria. Por su parte, la Sociedad Rural firmó, ni bien asumió Héctor Cámpora, un acta de compromiso por la que aceptaba que los valores de la producción tenían que incrementarse en un quantum determinado para acercar las divisas requeridas por el programa industrial. Pero cuando murió Perón, el programa estalló; en especial, porque el mercado negro había liquidado el funcionamiento de la gran paritaria nacional. Esto es, el acuerdo de mantener los precios de bienes intermedios, los precios finales y los salarios.

-¿Por qué se rompió el pacto?

-Por un lado, porque la presión sindical exigía un reparto mayor. Por otro, porque la vida real de la economía argentina imponía que las cajas registradoras no aceptaran los precios máximos y el mercado negro se devoraba el mercado formal. Desaparecían cosechas enteras. Los precios que figuraban en las facturas y los que se pagaban efectivamente estaban disociados. Ahí se produjo la construcción de una nueva entidad empresarial, que es una especie de institución clandestina, porque nunca terminó de fundarse, que fue la Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege), que reunió la vieja base de la CGE, la UIA y la Aciel, capitaneados por Martínez de Hoz. Este grupo elaboró un programa de conjunto que fue el que presentó el ingeniero Celestino Rodrigo en 1975. En otras palabras, el plan Rodrigo no es simplemente el proyecto que se le ocurrió a un seguidor sectario de López Rega, sino que fue el nuevo plan del bloque dominante que había sido rehecho por el conjunto de las clases dominantes bajo la fórmula de Martínez de Hoz. Y ese nuevo programa económico va de la mano de la puesta en marcha del Operativo Independencia en Tucumán.

-Es decir, que la puesta en marcha del plan económico va de la mano de la ejecución de las políticas terroristas por parte del Estado.

-Si bien hay una orden legal de reprimir, en realidad, es ilegal, porque no es una atribución del Poder Ejecutivo intervenir militarmente una provincia, sino que representa una atribución exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación. Sin embargo, esa orden no fue considerada ilegal en el Juicio a las Juntas, ni por la fiscalía ni por los jueces. Y la Conadep también estableció como límite de la investigación el 24 de marzo de 1976. Por si fuera poco, se sancionó una ley especial para que Isabel Martínez de Perón no pudiera ser juzgada, ya que había sido destituida por un golpe de Estado. Entonces, queda claro que hay una impunidad claramente organizada, que no es una maniobra de un militar autoritario, sino una política orgánica de clase que se ejecuta con diversos instrumentos, sea el Estado de excepción de la dictadura o, luego, los gobiernos parlamentarios que comienzan con Alfonsín y culminan con De la Rúa en 2001.

-¿Cómo se podría dimensionar el cambio de mentalidad que produjo el plan Martínez de Hoz, al que caracteriza como la “mayor vuelta de campana en la historia del pensamiento económico en la Argentina”?

-Es una especie de regreso a las concepciones anteriores a 1930.

-¿Por qué se presenta esa necesidad de volver al modelo de la Argentina como “granero del mundo”?

-El modelo de desarrollo de la economía argentina está directamente enfrentado con el desarrollo de la lucha de clases y con una dirección obrera que se planteó un conjunto de otras cosas que, al bloque de clase dominante, le produjo sencillamente un gran terror social. Es decir, apareció la amenaza del socialismo en el horizonte. Y ésa fue la forma en la que se respondió.

-¿Por qué, en su libro, destaca como un caso especialmente relevante la represión en la fábrica de Acindar en Villa Constitución?

-Villa Constitución permite entender, en clave de laboratorio, ese gran esquema terrorista. En primer lugar, se observa la victoria de una corriente socialista revolucionaria, encabezada por Alberto Piccinini, en una regional muy importante de la Unión Obrera Metalúrgica. En segundo término, se ve la respuesta de la UOM, que impulsa la intervención. En tercer lugar, la reacción del sistema político a través de Ricardo Balbín, que habla de la “guerrilla fabril”. Y, en cuarto lugar, se registra una estructura represiva montada específicamente en la fábrica que, si bien fracasa en su intento de aplastar al movimiento, provoca que éste no logre salir de los límites de Villa Constitución. Por tanto, la sociedad argentina aísla esta situación gremial y construye el escenario para el 24 de marzo de 1976, en el que la compacta mayoría estuvo alineada detrás del nuevo gobierno. A partir de ese momento, no se admitió ninguna forma de oposición legal y ése fue el estado de excepción. Por otra parte, también se observan, en la tapa de los diarios de 1975 sobre Villa Constitución, los mismos argumentos que luego se repitieron a partir de marzo de 1976. Entonces, no hay nadie que puede decir que no se sabía qué iba a suceder, porque había sido anticipado a voz en cuello.




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