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21 06 2018
Un faro en las calles

Desde la lucha contra la dictadura, el movimiento de derechos humanos se transformó en uno de las bases sociales para construir un nuevo y duradero estado de derecho en la Argentina.


El movimiento de derechos humanos es un actor central en la esfera pública argentina. La lucha contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado atravesó estos 35 años de democracia; fue un asunto de constante debate y reclamo frente a todos los Presidentes de turno. Ninguna de las medidas tomadas sobre este tema pasó desapercibida, tanto si se trató de una conquista como de un retroceso: el juicio a las Juntas, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los indultos, la reapertura de los juicios a los represores, la aparición de cada nieto, el intento de liberar a los condenados por la aplicación de la ley del 2x1. 

Todos esos hechos movilizaron a la sociedad argentina e incluso a la comunidad internacional. Es que el juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos no es algo que compete solamente a las víctimas y sobrevivientes, sus familiares y amigos. No se trata sólo de conseguir justicia y reparación para aquellos que ya no están. Se trata, ade más, de establecer una base ética y jurídica desde la que constituir un nuevo y duradero estado de derecho.  Al menos, idealmente. Por eso, entre muchas otras cosas, es absurdo plantear que que es un tema del pasado. Para construir un futuro hay que partir de un cimiento sólido, porque de otra manera todas las referencias carecen de sentido. ¿Cómo hacer cumplir la ley, cómo pedir respeto por la Constitución si los más grandes criminales del país están libres?

Los organismos de derechos humanos, sus dirigentes e integrantes, fueron conscientes de ese rol institucional, en general, más que las autoridades políticas de la Argentina. Pero no siempre fue así, al principio fue solo intuición. Fueron mujeres que se reunieron en una plaza, luego de encontrarse en las iglesias y en los cuarteles donde buscaban a sus hijos. Mujeres que empezaron a marchar en vueltas a la pirámide de Mayo porque la policía les gritaba “circulen”. Mujeres y hombres que redactaban habeas corpus a mano, con ayuda de algún abogado conocido o al que conocían en esa circunstancia. O los mismos abogados reclamaban y ayudaban a otros en su misma situación. Mujeres y hombres que se reunían en casas, bares o iglesias y cuyo único objetivo era poder obtener algún dato, una señal de dónde estaban sus seres queridos, qué habían hecho con los desaparecidos, en general sus hijos, muy jóvenes. 

Cuando los militares dieron el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 ya existían la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, fundada en 1937 y ligada al Partido Comunista y el Servicio Paz y Justicia, de 1974. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) se crearon entre fines de 1975 y principios de 1976, ante la represión previa al golpe. 

Con la dictadura nacieron los organismos de derechos humanos que nucleaban a familiares de las víctimas: Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Luego, se conformaría la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y, con el tiempo, otros organismos de derechos humanos, locales o regionales, ligados a agrupaciones sociales o partidos políticos. También llegaría la división de las Madres. Y luego, HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Fueron aquellos organismos de derechos humanos que surgieron para reclamar aparición con vida primero, y memoria, verdad y justicia después, los constructores de esa base institucional aunque en los hechos, durante muchos años esa base ni siquiera existiera y los represores estuvieran libres y hasta fueran interlocutores válidos en medios y en política e incluso fueran elegidos como intendentes o gobernadores. 

Los organismos de derechos humanos fueron la advertencia y todavía lo son, de que en la sociedad argentina siempre habrá algo desencajado, un abismo, y que la única opción para avanzar sólidamente es haciéndose cargo de aquello. Durante los años de democracia se constituyeron –con sus matices, sus diferencias, pero en aquellas coincidencias que los unifican—como una guía y es por eso que también son blancos de ataques que buscan deslegitimar su voz. 

El alcance de la tarea de los organismos de derechos humanos se fue extendiendo tal vez casi sin que sus integrantes se lo propusieran. Incluso en el mundo. Allí está, por ejemplo, su contribución a la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que la Argentina impulsó. Lo mismo con la Convención Internacional por los Derechos del Niño, en los que se destacan los artículos “argentinos” basados en la experiencia de las Abuelas de Plaza de Mayo. 

En esa línea, la búsqueda de los niños apropiados por los militares provocó hasta avances científicos. Las Abuelas, en la pelea por poder probar dónde estaban sus nietos desaparecidos, lograron que se estableciera el índice de “abuelidad”, es decir, que los estudios de maternidad y paternidad se saltearan una generación, algo inédito hasta ese momento. Pero sobre todo las Abuelas hicieron que varias generaciones, la sociedad, el país, se preguntaran por su identidad.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fue otro “aporte” de la transición argentina al mundo. Sus integrantes, jóvenes estudiantes que acudieron a una convocatoria del profesor estadounidense Clyde Snow para intentar identificar los restos de desaparecidos, se convirtieron en prestigiosos y rigurosos profesionales que llevaron su saber a todo el mundo. Participaron de la identificación de los restos del Che Guevara en Bolivia e investigaron crímenes de guerra, matanzas y desapariciones cometidos en más de 30 países, entre ellos, la ex Yugoslavia, Etiopía, México, Costa de Marfil, Timor Oriental, Sierra Leona y Colombia. 

Si las víctimas de la dictadura lo fueron en su mayoría por sus compromisos políticos y sociales, quienes salieron a la calle para pedir por ellas también se comprometieron política y socialmente. Los organismos de derechos humanos no limitaron sus reclamos a exigir memoria, verdad y justicia por los desaparecidos. La lucha contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado también fue la de la lucha contra la impunidad de la violencia institucional, el gatillo fácil, la pelea por buenas condiciones carcelarias, de respeto a las garantías individuales, la libertad de expresión, contra el hambre y los despidos, por el derecho a la vivienda, a la educación. Fueron reivindicaciones que se hicieron en la calle pero también en tribunales o en el Congreso y la Casa Rosada. 

Los organismos de derechos humanos fueron, son, la guía para construir la base institucional, que nunca termina de levantarse y que siempre está en peligro. Pero todavía más fueron, son, el faro en la calle, la convicción de que hay que salir a pelearla, a reclamar. No fue casual esa marea violeta y verde en las plazas el 8 de marzo en un país con una ya larga tradición de mujeres que se organizan.

 




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