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Cómo participar del juicio

Las audiencias son orales y públicas. Si sos mayor de 16 años, ingresás acreditándote con tu DNI, cédula o pasaporte en la Sala AMIA. Tribunales de Av. Comodoro Py 2002, Retiro.


13 11 2013
La Justicia que reclama el pueblo

Editorial de Beinusz Szmukler, representante del IEM en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).


La decisión de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó de crear la “Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad”, eleva la jerarquía de la “Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado” creada en 2007. Con el mismo objeto y dirección, tiene un sentido de reafirmación y profundización de la política de Estado destinada al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período del terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, constituye un reconocimiento a la gestión cumplida por la dirección de esa Unidad, ejercida por Jorge Auat (fiscal general) y Pablo Parenti (coordinador).

Las declaraciones de los oradores y las posteriores de Auat indican la voluntad de extender la investigación de los crímenes de lesa humanidad, más allá de sus responsables materiales miembros de las fuerzas armadas y de seguridad -que son hasta ahora casi todos los procesados y condenados-, a los cómplices civiles, sus autores intelectuales, la inmensa mayoría de los integrantes del poder judicial que colaboraron por acción u omisión, incumpliendo sus obligaciones de investigación de los crímenes y de proteger a víctimas y testigos, y a los beneficiarios económicos, respecto a los cuales se está en una etapa iniciática.

Una premisa jurídica indica que una vía para interpretar la naturaleza de un acto y las responsabilidades emergentes es el análisis de sus antecedentes y sus efectos. En este caso, conviene recordar que el terrorismo de Estado tiene comienzo mucho antes del golpe del 24 de marzo de 1976, que fue el resultado de un proceso cuyo punto de partida puede ubicarse a los 25 días de la asunción por Héctor J. Cámpora de la que sería su brevísima presidencia de la Nación. El 20 de junio de 1973, con motivo del regreso de Juan Domingo Perón al país, tras su exilio de 18 años, se organizó la que sería la mayor movilización del pueblo argentino para recibirlo en Ezeiza. Las bandas fascistas del peronismo desataron una masacre de los sectores populares, convocados por Montoneros y otras organizaciones de la izquierda del propio movimiento, que constituían el grueso de los concurrentes, transformando en una tragedia lo que estaba previsto como una fiesta.

Desde ese momento, comienza el fin de la primavera camporista y una señal del divorcio entre las masas, fundamentalmente juveniles, movilizadas por las organizaciones que habían tenido un papel protagónico en la lucha contra la dictadura y por el regreso de Perón (Montoneros, FAP, FAR, etc.) y su líder, que alcanzara su cenit el 1º de mayo de 1974, cuando éste prácticamente las motivó a retirarse de la Plaza. Pero, además, marca el nacimiento de lo que en poco tiempo se transformaría en las AAA (Alianza Anticomunista Argentina), una organización terrorista parapolicial, dedicada a la desaparición y el asesinato de dirigentes y militantes obreros, sociales, estudiantiles, intelectuales de izquierda, creada y dirigida por el ministro de Bienestar Social, José López Rega, junto al jefe de la Policía Federal, comisario general Alberto Villar.

Desde ese momento, y hasta el 24 de marzo de 1976, fecha a partir de la cual la tarea es asumida por las fuerzas armadas orgánicamente, fueron 1.500 los desaparecidos o asesinados por esa banda. Sus acciones se encuentran bajo investigación a cargo del juez Norberto Oyarbide, quien en 2006 determinó que se trata de crímenes de lesa humanidad.

El clima de terror creado por la AAA se acompañó por el impulso al golpe de Estado realizado desde organismos empresariales, expresión del poder económico concentrado y trasnacional, como el Consejo Empresario Argentino (CEA) presidido por José Alfredo Martínez de Hoz, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas(CRA). Videla asumió la jefatura del Ejército en agosto de 1975, y en setiembre fue entrevistado por el CEA, para pedirle que se impusiera “el imperio del orden por sobre todas las cosas”, ya que el gobierno “impedía la libertad de trabajo, la producción y la productividad”. El 16 de febrero de 1976, el CEA, la SRA y otras entidades, organizaron una huelga general empresaria, única hasta ese momento de la historia argentina, para contribuir al clima golpista.

Martínez de Hoz murió, procesado con detención domiciliaria en la causa por el secuestro de Federico y Miguel Gutheim, dos empresarios víctimas del despojo de sus empresas, con cierto grado de impunidad, ya que no llegó a la condena. Está pendiente de investigación la responsabilidad de sus colaboradores en la instigación del golpe de Estado, y que previamente formaron grupos parapoliciales para el secuestro y el asesinato de dirigentes sindicales combativos de sus empresas, similares al conocido como “Los Pumas”, en Acindar. En ese sentido se está avanzando, con el aporte sustantivo de la Comisión Nacional de Valores, en varias causas como Papel Prensa, Ford, etc.

Quizás el caso más paradigmático, es el procesamiento de Carlos Blaquier, el dueño del Ingenio Ledesma, dispuesto por el juez Fernando Poviña, lo que naturalmente provocó la reacción del diario La Nación y todo un conjunto de capitostes del poder económico, asustados por tener que rendir cuentas de su conducta, ya que no sólo se beneficiaron económicamente con el terrorismo de Estado, sino que también impulsaron y/o fueron cómplices de sus crímenes.

La necesidad de determinar la responsabilidad de medios de comunicación en crímenes de lesa humanidad tiene inicio con el excelente fallo del Tribunal Oral de Bahía Blanca, integrado por jueces subrogantes: ordenó que se envíen a primera instancia las publicaciones del diario La Nueva Provincia, para que se investigue su relación con los servicios de inteligencia de la dictadura y posibles “delitos de acción pública” de sus directivos.

Con clara visión anticipatoria, mucho antes, el 9 de enero de 2011, el diario La Nación publicó un violento editorial crítico de la decisión del ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, de crear una Unidad Especial de Investigación de los Delitos de Lesa Humanidad Cometidos con Motivación Económica, ya que “no existe ninguna norma ni costumbre nacional o internacional que reprima como crímenes de lesa humanidad a delitos con motivación económica, como las pretendidas apropiaciones de empresas”. Los casos Gutheim y Papel Prensa, citados en la resolución, han sido manipulados con manifiesto perfil persecutorio y no pueden definirse como de "apropiación de empresas" y acusa al gobierno de generar “desbordes autoritarios y provocar medidas temerarias, abusivas y perversas, que nada tienen que ver con el Estado de Derecho.”

Peculiar visión del diario de los Mitre que, considerando que ya no conviene justificar a los responsables militares, sigue defendiendo a “los civiles” y, así evitar investigaciones que pueden comprometer a los propios dueños del diario. Por eso los asustaba la creación de un equipo que sólo se proponía recopilar información y crear una base de datos que pudiera eventualmente facilitar la labor del Ministerio Público.

Seguramente la preocupación de ese medio debe acrecentarse por el claro sentido simbólico de la realización del acto público de puesta en marcha de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad, en la ex ESMA, con participación protagónica de destacados dirigentes del movimiento de derechos humanos. Expresa la voluntad de ir a fondo para alcanzar la verdad y la justicia que reclama el pueblo argentino.



de los procesados son juzgados por los "vuelos
de la muerte"
son las víctimas de los crímenes de lesa humanidad incluidas en la causa
testigos declararán y se incorporarán parte de los testimonios del juicio anterior
MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA. 30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTES

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