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10 07 2012
Condenas a los represores implicados en el plan sistemático de robo de bebés

El Tribunal Oral Federal Nº 6 de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer el jueves 5 de julio la sentencia en el juicio oral por la causa conocida como Plan Sistemático, en donde se investigaron más de 30 hechos de apropiación de menores cometidos durante el último gobierno militar.


Según el tribunal, los hechos juzgados son “delitos de lesa humanidad, implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad, en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”.

El tribunal, integrado por los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo y Domingo Luis Altieri, fijó las siguientes penas:

Jorge Rafael Videla: 50 años de prisión

Antonio Vañek: 40 años de prisión

Jorge "El Tigre" Acosta: 30 años de prisión

Santiago Omar Riveros: 20 años de prisión

Reynaldo Benito Bignone: 15 años de prisión

Víctor Gallo: 15 años de prisión

Juan Antonio Azic: 14 años de prisión

Jorge Luis Magnacco: 10 años de prisión

Inés Susana Colombo: 5 años de prisión

Los otros dos imputados en la causa, Eduardo Ruffo y Rubén Oscar Franco, fueron absueltos.

 

El tribunal fijó para el 17 de septiembre próximo, a las 18, la audiencia de lectura de los fundamentos de la sentencia.

 

La causa:

La causa se inició en diciembre de 1996 y, al momento de ser elevada a juicio oral, integró 35 casos de apropiación de menores nacidos en cautiverio en centros clandestinos de detención como la ESMA, Campo de Mayo, el Vesubio, el Olimpo, Automotores Orletti, La Cacha, la Comisaría 5º de La Plata y el Pozo de Banfield.

De los casos incluidos en este juicio, 26 nietos recuperaron su identidad: Victoria Montenegro Torres, Natalia Suárez Nelson Corvalán, Leonardo Fossati Ortega, María de las Mercedes Gallo Sanz, Carlos D’Elía Casco, Paula Eva Logares Grinspon, Victoria Moyano Artigas, Pablo Hernán Casariego Tato, Francisco Madariaga Quintela, María Belén Altamiranda Taranto, Claudia Victoria Poblete Hlaczik, Aníbal Simón Méndez Gatti, Macarena Gelman García Iruretagoyena, Anatole y Victoria Julien Grisonas, Mariana Zaffaroni Islas, Victoria Donda Pérez, Javier Gonzalo Penino Viñas, Ezequiel Rochistein Tauro, Evelyn Bauer Pegoraro, Alejandro Pedro Sandoval Fontana, Laura Reinhold Siver, Federico Cagnola Pereyra, Juan Cabandié Alfonsín, Guillermo Pérez Roisinblit y Carla Ruiz Dameri.

En tanto, Guido Carlotto, Ana Libertad Baratti De la Cuadra, Clara Anahí Mariani Teruggi, el/la hijo/a de Gabriela Carriquiriborde y Jorge Repetur, Martín Ogando Montesano, Victoria Petrakos Castellini, la hija de María Moyano y Carlos Poblete y la hija de Ana Rubel y Hugo Castro continúan viviendo con una identidad falsa.

Los condenados:

Jorge Eduardo Videla: Nacido en Mercedes el 2 de agosto de 1925, recibió una nueva condena por delitos de lesa humanidad. En esta oportunidad, es una pena histórica de 50 años de prisión por haber organizado la “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad” en “el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”. Desde junio de 2012 ocupa el pabellón de detenidos por crímenes contra la humanidad de la cárcel de Marcos Paz. Sus recientes últimas palabras concluyeron su ciclo de exposición mediática y provocaron escozor cuando se permitió calificar a “las parturientas aludidas por las querellas” como “activistas que usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes”.

Antonio Vañek: Fue comandante de Operaciones Navales durante 1977 y parte de 1978, y luego fue jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Armada. Además de los testimonios de los sobrevivientes, fue acusado por los demás represores, como el ex capitán Adolfo Scilingo, y por periodistas. La ESMA estaba bajo su mando operativo. Los médicos navales Jorge Magnacco y Alberto Arias Duval señalaron la asistencia que prestó a los partos que tuvieron lugar “dentro de la clandestinidad de la ESMA”. A fines de 1998, cuando fue detenido, dijo que Emilio Massera había dado las órdenes para “luchar contra la guerrilla”.

Jorge “Tigre” Acosta: Se le retiró el cargo de capitán de fragata. Era quien tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en la ESMA, y comandaba el grupo de tareas 3.3.2. Fue quien decidió arrojar al río a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce. Entre los 82 delitos que se le probaron están los secuestros de la familia Tarnopolsky, Nilda Actis, Lisandro Cubas, Carlos García, Ricardo Coquet y la sueca Dagmar Hagelin. En 1981 viajó a Sudáfrica para asesorar al gobierno del apartheid en la lucha contrainsurgente. En 1998 se descubrió que tenía una cuenta secreta en Suiza, que podría haberse usado para depositar el producto de los bienes sustraídos a los detenidos-desaparecidos. Fue condenado en 2011 en la megacausa ESMA.

Santiago Omar Riveros: Fue el primer militar en explicar el terrorismo de Estado y afirmó que “no ha habido desaparecidos, sino terroristas aniquilados en el marco de una guerra revolucionaria, y por tanto irregular”. Ex comandante del Cuerpo IV del Ejército y ex comandante de Institutos Militares fue condenado en Italia por la desaparición de tres ciudadanos italianos y, en 2006, cuando estaba procesado por delitos cometidos en el Plan Cóndor, la Justicia determinó que su indulto era inconstitucional. En agosto de 2009 fue declarado culpable del homicidio de Floreal Avellaneda, joven militante de la Juventud Comunista, cuyo cuerpo torturado apareció en las costas uruguayas.

Reynaldo Benito Bignone: “Lo que tanto se mencionó de dar una lista de los muertos a mi juicio hubiera sido un error trágico. Si el propio Estado da por muerto a un individuo quiere decir que dispone de las pruebas para afirmarlo. Después vendrían los interrogantes: ¿quién lo mató?, ¿dónde está el cadáver?, ¿por qué lo mataron?”, razonó en su libro El último de facto, incorporado como prueba en la etapa preliminar. Participó activamente del derrocamiento de María Estela Martínez de Perón y, poco después del golpe, ocupó el Hospital Posadas, que se convertiría en un campo de exterminio. Bignone fue considerado un eslabón fundamental para garantizar la impunidad a los ejecutores de la práctica sistemática de apropiación de los menores, por haber firmado el Documento Final, que estableció la muerte de todos los desaparecidos y la ley de autoamnistía.

Víctor Gallo: Ex capitán del Ejército, ex miembro del Batallón de Inteligencia 601 y ex carapintada. Durante el juicio dijo ser accionista de una empresa de seguridad denominada Cooperativa Lince. En 1997 fue condenado a diez años de prisión por robo calificado, tenencia de arma de guerra, privación ilegal de la libertad y coacción. También estuvo involucrado en la masacre de Benavídez. “Gallo decía que era una guerra, todo el tiempo hablaba del supuesto enemigo, para él todos eran enemigos, todo el tiempo con odio, toda la familia, con eso nos criaban”, dijo el apropiado Francisco Madariaga.

Juan Antonio Azic: Suboficial principal retirado de la Prefectura y ex miembro del grupo de tareas 3.3 de la ESMA. “Un interrogador, un torturador”, lo definió el sobreviviente de la ESMA Carlos Lordkipanidse, a quien Azic le dijo cuando estaba en la mesa de torturas, “si no hablás le reviento la cabeza contra el piso a tu hijo”, que tenía apenas 20 días. Luego puso al pequeño Rodolfo sobre el pecho de su papá y le aplicó picana. Se apropió de Victoria Donda y Carla Ruiz Dameri, nacidas durante el cautiverio de sus padres en ese centro clandestino. Fue condenado el año pasado a 18 años de prisión en la megacausa ESMA.

Jorge Luis Magnacco: Era ginecólogo en el Hospital Naval y actuó como autoridad médica en la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA, donde la “pieza de las embarazadas” era llamada “la pequeña Sardá” por los propios marinos. En 2005 había sido condenado a diez años por su participación en el secuestro de Rodolfo Pérez, nieto de la Abuela Rosa Roisinblit.

Susana Colombo: ex mujer de Víctor Gallo, ambos acusados por la apropiación de Francisco Madariaga. Colombo dijo haber sido quien acompañó a Francisco Madariaga por primera vez a Abuelas de Plaza de Mayo y, como parte de su plan de defensa, se definió como víctima de sucesivas formas de violencia doméstica de su cónyuge, a quien definió como un psicópata. Incluso dijo que temió que la matara y que no recurrió a nadie porque lo único que sentía era miedo. Pero no tuvo ninguna respuesta cuando le preguntaron por qué esperó hasta 2010 para decirle que podía ser hijo de desaparecidos. “No tuve la partida de nacimiento de los chicos, no elegía los nombres, nunca tuve la escritura de la casa, vivía aislada en el barrio militar donde uno vive y se calla la boca”, fue su descripción.




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